La caída del riesgo país es un voto de confianza

El mercado internacional dio su señal de confianza al Ecuador tras el triunfo de Guillermo Lasso en las presidenciales, lo cual se reflejó en una caída de 345 puntos en el riesgo país.

Este indicador, que actualmente ronda los 850 puntos, define la tasa de interés que deben pagar empresarios o gobiernos cuando realizan operaciones internacionales. En el caso de Ecuador, el actual riesgo país significaría pagar una tasa de interés mínima del 8,5%, mientras que países vecinos, como Colombia o Perú, pagan 2,2% y 1,4%, respectivamente, gracias a décadas de políticas económicas estables y predecibles, lo cual no ha ocurrido en Ecuador.

Desde el 2004 hasta la fecha, el riesgo país ha sido volátil. Hasta el 2006 se mantuvo en alrededor de 650 puntos. A raíz del 2007 subió por el ‘default’ de la deuda, que disparó este indicador a 5 040 puntos en diciembre del 2008, aunque en septiembre del 2014 se registró el valor más bajo: 289 puntos. El promedio durante el Gobierno anterior fue de 960 puntos.

Con el fin del ‘boom’ petrolero, la crisis fiscal y la pandemia, la probabilidad de que Ecuador no pueda honrar sus obligaciones externas aumentó y eso elevó el riesgo país a 6 000 puntos, en marzo del 2020.

Lo anterior llevó al Régimen a renegociar parte de su deuda pública. El país no cayó en ‘default’ y eso fue bien visto por el mercado. El riesgo país bajó a 1 000 puntos y se mantuvo así hasta fines de año.
La campaña electoral lo llevó a 1 300 puntos, hasta que se definió el resultado electoral.

El plan del nuevo Gobierno es lo que los inversionistas esperaban: impulso al sector privado, eficiencia en la gestión pública, fomento a la inversión extranjera, más acuerdos comerciales, simplificación tributaria, reducción de aranceles para la producción, modernización de la normativa laboral, entre otros temas.

Ecuador necesita que el riesgo país baje más para abaratar el financiamiento público y privado, pero sobre todo para atraer capitales internacionales, necesarios para generar crecimiento y empleo. La tarea no es solo del Gobierno sino de la Asamblea, empresarios y sociedad civil.