Venezuela se halla oficialmente desde ayer y por espacio de 60 días en “estado de emergencia económica”.
El régimen del presidente Nicolás Maduro firmó ayer una declaratoria en ese sentido, poco antes de rendir su informe de labores en la sede de la Asamblea Nacional, órgano que desde el pasado 5 de enero es controlado por una mayoría opositora.
Pero el Gobierno venezolano parece disponer de un escaso margen para solucionar la colosal crisis económica, política y ética que azota a la patria del Libertador Simón Bolívar. Es más: el escenario adverso se complicó con la dura derrota en las elecciones legislativas del 6 de diciembre del año pasado y con la persistente caída de los precios internacionales del petróleo.
Si se miran bien las cosas, parece poco probable que en dos meses se pueda superar el descalabro económico ocasionado al cabo de más de tres lustros de derroche, que han dejado a Venezuela con abultadas cifras en rojo y que ahora pasan factura.
Ayer mismo y con varios meses de retraso, el propio Banco Central de la República Bolivariana proporcionaba un dato que evidencia la magnitud de la crisis. En septiembre del 2015, la inflación anualizada -la más alta del mundo- alcanzó en Venezuela el 141,5%.
El pésimo manejo de la economía por parte del chavismo y, sobre todo, la sistemática negación de una crisis, o la inculpación a terceros, dejan mal parado no solo al Gobierno sino a todo el país.