El riesgo de la población juvenil es alto. La cercanía de los distribuidores de droga en pequeñas cantidades es mayor de la que podemos imaginar. Los datos de la Policía, de la Dirección de Menores (Dinapen) y de una encuesta de la Flacso lo evidencian.
La reportería en ciudades como Quito y Guayaquil muestra los sectores más vulnerables. Los alrededores de las discotecas y sitios de diversión, las cercanías de los establecimientos educativos y aun su interior son las zonas preferidas por los expendedores. En tiendas, en casas abandonadas, en las propias esquinas de los barrios, se agazapan los comerciantes.
Pero tampoco debe sorprender, dado el alto grado de dependencia de toda la sociedad de las nuevas tecnologías, que se tomen ‘pedidos’ de droga por Internet y por teléfono celular. En algunos casos hay hasta servicio a domicilio, ni más ni menos, como si fuese una distribuidora de comida rápida o una farmacia.
Las drogas más consumidas son el alcohol (de expendio legal, menos para menores de edad) la marihuana, la cocaína y la base.
Según el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) a un 4,9% de jóvenes le han ofrecido droga en el interior o exterior de colegio (datos del año 2008).
Ahora que se debate el Código Penal Integral en la Asamblea Nacional, a propósito de propuestas que se sociabilizan para despenalizar el consumo, hay una serie de factores que no deben dejarse de tomar en cuenta. El aspecto de la salud pública, las aristas sociales y familiares, la violencia alrededor de las pequeñas redes de vendedores de droga en su conexión con las mafias grandes, son dignos de calibrarse en su real dimensión y merecen un análisis serio.