DISTRITALIZACIÓN ARBITRARIA

El Consejo Nacional Electoral dividió a las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí en diferentes distritos para la elección de asambleístas provinciales. La decisión, sustentada en el polémico Código de la Democracia, muestra un reparto de los distritos que no tiene fundamentos técnicos, demográficos, geográficos ni culturales.

Veamos el caso de Guayas, la provincia más poblada. Se divide en cuatro distritos que deberán elegir a cinco asambleístas provinciales cada uno, para sumar 20 en la provincia. Se junta a las partes del centro y sur de Guayaquil urbano, que concentra a 890 mil sufragantes. La parte norte de la urbe con Samborondón, Yaguachi y Durán, para sumar 880 mil ciudadanos, y la zona del occidente de la ciudad en otro distrito de 930 mil empadronados, dejando en una periferia grande desde el Empalme -en el norte- hasta Balao -en el sur-, que no está conectada, con 950 mil registrados.

En el caso de Quito imaginan los vocales del CNE cuatro distritos. El primero, el norte de la ciudad (730 mil votantes), el segundo el centro y el sur (880 mil); el resto del distrito metropolitano rural que circunda a los dos distritos anteriores con 620 mil, y un último totalmente inconexo con habitantes en Mejía (Machachi) o Puerto Quito, en el noroccidente. Los asambleístas que hoy ejercen representación por Pichincha viven todos en el norte de Quito. La provincia debe elegir 16 representantes.

Manabí, con nueve legisladores, se divide en dos distritos de 800 mil y 560 mil, respectivamente. Quedan Portoviejo y Manta en el mismo distrito, y zonas tan distantes como Pedernales y Rocafuerte, en una misma jurisdicción. El país merece explicaciones sobre esta distribución arbitraria, así como una oportuna reclasificación.

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