Los hechos. El lunes, el coronel Mario Pazmiño, ex director de Seguridad del Ejército, dijo que otra avioneta ingresó al país sin que hubiese sido detectada por los radares chinos.
La reacción oficial no se dejó esperar. El ministro del Interior, José Serrano, pidió a la Fiscalía que iniciara una indagación contra Pazmiño por haber entregado información de un proceso en investigación. Sostiene que se violó en Código de Procedimiento Penal sobre una indagación en marcha. Pazmiño dijo que no conocía del proceso, prepara sus argumentaciones jurídicas y sostiene que solo divulgó el hallazgo.
El Gobierno dice que se investiga si en la nave se había llevado droga. La Policía antinarcóticos afirma que se estaba rodeando el lugar en un proceso de investigaciones que se frustró. Hasta ahora no se informa a la opinión pública si se identificó a los tripulantes.
Según la Fuerza Aérea Colombiana el viernes dio aviso al Ecuador del paso de la aeronave rumbo a nuestro país. El informe inicial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana señalaba que la avioneta fue hallada en San Pablo el sábado, día en que el Comandante de esa fuerza dice haber recibido el reporte colombiano.
Otro hecho. Los radares chinos llevan tres años, le costaron USD 60 millones al país y no interceptaron a ninguna de las dos avionetas, la estrellada en Manabí y la encontrada en un hangar en Santa Elena.
El escenario está lleno de incertidumbres. Operaciones aéreas subrepticias, presumibles conexiones con mafias, una investigación que se dice frustrada.
Todo esto ocurre en un país en el que sus autoridades se resisten a admitir que puede ser escenario de operaciones vínculadas con el tráfico de drogas y mafias internacionales.