En las últimas semanas, Ecuador ha sido testigo de un fenómeno alarmante que amenaza los cimientos de la democracia: la difusión sistemática de informaciones falsas a través de sitios web y redes sociales, muchas de ellas disfrazadas con la identidad visual de medios de comunicación tradicionales como EL COMERCIO. Estos bulos no solo buscan confundir a la ciudadanía en plena campaña electoral, sino que también tienen un objetivo claro: golpear reputaciones, manipular la opinión pública y minar la confianza en las instituciones democráticas.
Detrás de estas publicaciones no hay errores casuales ni usuarios ingenuos. Existe una estrategia orquestada, un plan de acción que incluye la utilización de logotipos oficiales de medios reconocidos para legitimar el contenido falso, y un financiamiento estructurado que permite que estos bulos sean promocionados mediante pauta pagada en plataformas como Facebook e Instagram.
La situación es tan grave que incluso publicaciones completamente falsas, con titulares incendiarios y fotos editadas, han sido colocadas como anuncios dirigidos a miles de usuarios en Ecuador. La intención es clara: utilizar el poder de las redes sociales para construir una realidad paralela.
Los bulos no son simples mentiras. Son armas de manipulación masiva. Según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el 70% de los ciudadanos en América Latina se informan principalmente a través de redes sociales, donde los filtros para verificar la veracidad del contenido son casi inexistentes. Esto convierte a plataformas como Facebook o X (antes Twitter) en escenarios de batalla donde la verdad compite en desigualdad con la mentira.
En campaña electoral, el daño es aún mayor. Las decisiones políticas de millones de personas pueden verse influenciadas por un titular falso, un video manipulado o una imagen que aparenta ser de un medio confiable. Esta táctica no solo afecta a candidatos o partidos, sino a empresas, periodistas, instituciones del Estado y, sobre todo, a la ciudadanía, que pierde la capacidad de discernir en un entorno cargado de desinformación.
El uso del logo de EL COMERCIO y de otros medios del país en informaciones falsas debe ser repudiado con firmeza. Se trata de una forma de fraude informativo, donde se engaña al lector deliberadamente. Esto no es libertad de expresión; es manipulación intencionada.
La democracia se sostiene en pilares como la verdad, el debate informado y el respeto a las diferencias. Quienes están detrás de estas campañas de desinformación demuestran que no creen en una sociedad mejor, sino en la imposición de sus intereses a cualquier costo y que no les importa el ciudadano o los consumidores de información.
Es momento de exigir a las plataformas digitales mayor responsabilidad. Facebook, Instagram y otras redes deben actuar con rapidez y transparencia para eliminar contenidos falsos que se difunden con fines políticos. La pauta pagada no puede convertirse en un refugio para la mentira. ¿Qué hacen estas plataformas cuando se denuncia el uso fraudulento de logotipos y marcas? ¿Cómo garantizan que sus sistemas de publicidad no sean utilizados para fines ilícitos?
La ciudadanía también tiene un rol. Verificar la fuente, cuestionar los contenidos y no compartir información dudosa es parte de la responsabilidad cívica. Dejarse llevar por un titular viral sin contrastar puede convertirnos en cómplices de la desinformación.
La lucha contra la información falsa es también una lucha por la democracia. No se trata solo de proteger la reputación de medios, personas o instituciones, sino de defender el derecho de todos a decidir con información real. En tiempos donde la mentira se produce en masa y se distribuye con dinero, la verdad necesita defensores más firmes y comprometidos.
