13 de January de 2012 00:01

LA DESIGNACIÓN DE LA NUEVA CORTE

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Dentro del esquema político concentrador, ya casi se ha vuelto normal que las autoridades nominadoras se inclinen por candidatos afines al Ejecutivo. Si el llamado Quinto Poder, que teóricamente debía representar a la ciudadanía, fue cooptado por el Gobierno, lo propio se puede decir del Consejo de la Judicatura Transitorio.

Como resultado de la última consulta popular, éste se apresta a culminar la estructuración de la nueva Corte, que está llamada, en función de la promesa gubernamental, a impartir justicia de manera oportuna, para disminuir así la impunidad en la comisión de delitos, una de las complejas aristas del problema de inseguridad nacional.

Se supone que los procedimientos alrededor de este proceso debieran estar fuera de toda duda, máxime cuando existe una veeduría internacional. El Consejo Transitorio, que también es el máximo organismo judicial y por ende tiene en sus manos las decisiones administrativas sobre la actual justicia, ha incumplido sus decisiones al incluir una persona más (64 en lugar de 63) en la lista de aspirantes de la cual saldrán los 21 nuevos magistrados. Por coincidencia, el candidato 64 preside la Sala Penal que ya tomó decisiones favorables a la tesis gubernamental en el juicio que el presidente Rafael Correa sigue contra Emilio Palacio y los directivos de El Universo por un artículo de opinión. Es posible que Luis Quiroz también se pronuncie en la tercera instancia de este juicio.

Otro caso, que si bien no plantea problemas legales sí abre interrogantes éticas, es el de la madre del Ministro del Interior, quien también participa en el concurso y aspira, como Quiroz, a estar entre los 21 elegidos. Tanto el Gobierno como el Consejo Transitorio debían poner por encima de todo la transparencia de tan importante proceso.

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