Una política pública de seguridad consistente

El derecho a la seguridad, a circular libremente y a gozar de protección en todo el territorio nacional es primordial.

La institucionalidad de una democracia activa y vigorosa pasa por un concepto de seguridad pública claro y con instrumentos que le den a la gente tranquilidad para vivir en paz.

La integridad territorial y el resguardo de las fronteras está asignado por competencia constitucional y tradición histórica a las Fuerzas Armadas. Esa piel y la preservación del espacio terrestre, aéreo y marítimo es clave para ejercer los derechos.

Pero la seguridad se mide también en los pequeños espacios. Caminar por las calles sin miedo ni asechanza de hurtos, robos y agresiones.

El derecho a la propiedad física de tierras, inmuebles y automóviles, sin que nadie atente contra ella, es legítimo y crucial para vivir en sociedad.

La realidad de las cifras de asaltos, atentados a la integridad personal, invasión de propiedad y crímenes en la calle es alta y llama la atención.

El Estado tiene el deber de proteger al ciudadano, de preservar el derecho de los niños y jóvenes a circular, y asimismo evitar que las amenazas de la venta de drogas y licor a menores de edad intenten dañar a la sociedad desde los más vulnerables.

El Ecuador no está solo en el mundo. La realidad del crimen organizado, de la trata de personas -seres humanos considerados mercadería apetecible y con un precio- es una tragedia sin nombre contra la que todos debemos luchar. Las mafias del contrabando, venta de armas, drogas y secuestros trabajan coordinadamente, y mueven fortunas.

El Ecuador debe tener una política firme, serena pero contundente y consistente para una lucha interinstitucional que debe incluir a las fuerzas del orden, a las autoridades civiles y a la sociedad entera.

Una adecuada cooperación internacional hace falta, acopiando experiencias e intercambiando sistemas y coordenadas para detectar a las bandas criminales y de narcotráfico. La cita del Guillermo Lasso con Iván Duque marca un camino conjunto por los legítimos intereses de ecuatorianos y colombianos.