La Asamblea Nacional ha atravesado un proceso de autodepuración duro e indispensable. No se sabe si suficiente.
La diversidad, el debate acalorado, la dispersión de fuerzas y la propia naturaleza de su composición como expresión de distintas visiones colocan a los entes parlamentarios entre los estamentos más vulnerables ante la opinión pública.
Así lo determinan las encuestas, leídas en el tiempo -y podrían eva-luarse los 40 años de gobiernos civiles-. Esto sucede en todos los países.
Por ahora reposan en la justicia hasta 19 denuncias sobre procedimientos incorrectos de legisladores. El cobro de una parte de los emolumentos de empleados y asesores es una vergüenza que, no por haber sido práctica común en distintas bancadas, es menos deplorable.
Quizá ahora viene un tiempo de sosiego, pero no se debiera creer que con las tres sanciones sustanciadas debe quedar todo allí y tapar otros procedimientos incorrectos.
Tampoco sería aceptable cambiar las reglas de juego. Ya hay una propuesta para subir a 91 del número de votos requeridos para destituir legisladores. Eso sería inaceptable y el país lo entendería como un espíritu de cuerpo cercano a la impunidad.
Son 71 votos y con esa regla debiera seguirse en adelante. Para muchas personas es inaudito que varios legisladores que aún deben explicaciones sobre sus comportamientos pasados en funciones públicas estén refugiados en la inmunidad parlamentaria con responsabilidades altas.
Como ha reconocido en entrevista para EL COMERCIO la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ‘el costo de estos episodios es fuerte pero necesario’ y deben enmendarse procesos administrativos. La labor parlamentaria debe seguir sin que se tapen investigaciones, pero sin dejar de lado esa agenda legislativa acordada por los jefes de bloque que puede procurar gobernabilidad.
Es un asunto no tan simple de lograr, dada la variopinta composición de los bloques; y a sabiendas de que el morenismo tampoco controla ni puede garantizar los votos de AP. Tales los retos.