El solo anuncio de marchas y movilizaciones de protesta de varios grupos sociales opositores como los indígenas, los maestros y los activistas defensores de la naturaleza disparó las alarmas del Régimen. Su poca cultura democrática se evidenció en el inmenso montaje de las contramarchas.
Es poco creíble que en un sistema que se presume democrático por origen, el miedo a la manifestación popular pacífica anunciada lance al aparato del Gobierno a tomar precauciones y a activar su propia movilización.
No se justifica sacar a las calles a miles de empleados públicos y obligarlos a trabajar en tareas de activismo político, simplemente para hacer bulto o para mostrar la imagen de un apoyo masivo pro oficialista. Además, llegaron desde distintas provincias miles de desprevenidos ciudadanos en pos de la oferta de venir a Quito, un sánduche de refrigerio y hasta unos pocos dólares de propina.
Todo para oír música en tarimas bien montadas, discursos que descalificaban las movilizaciones sociales y reiteradas advertencias del fantasma de una supuesta conspiración que atormenta al Gobierno. Todo fue bien aderezado por una campaña en los medios que controla el Gobierno para descalificar a los críticos, a quienes se pretende juntar en una misma canasta.
Mientras la fuerza pública vigilaba el montaje oficial y los socorristas atendían a asfixiados víctimas de su ingenuidad, el aparato del Estado impedía que los buses de los grupos sociales críticos se movilizaran por el país, poniendo trabas y bloqueos inaceptables.
Está previsto que la marcha por el agua y por la vida que recién se inició llegue a Quito el 22 de marzo. Y todo indica que el Gobierno está listo para una nueva demostración. Nunca acepta ningún disenso.