El jueves se cumplía el plazo que parecía fatal. Pero el Jefe de Estado emitió el Decreto 355 para dar un respiro de seis meses más a las organizaciones sociales.
Desde la puesta en vigor del Decreto 16 se adelantó toda una polémica por lo que es una filosofía al respecto de este tipo de organizaciones, que nacen de la gente y se expresan de formas distintas.
El Decreto 16 obliga a un registro. Es una manera de concebir la sociedad desde el control vertical del poder. Es una forma equivocada, poco fluida y con el contenido social que inspira y promueve este tipo de organizaciones. La verticalidad se trata de imponer.
En un país democrático y una sociedad plural y diversa, las organizaciones sociales nacen desde las personas y sus intereses comunes y apenas deben ser regulados en aspectos legales pero sin control de sus ideas, contenidos y debates desde el poder político lo cual puede ser peligroso.
La tendencia de poner la vista en todas las actividades de este tipo de organizaciones ha llevado incluso a pedir que ministerios como el de Inclusión Social o la Secretaría de Comunicación del Estado (para organizaciones de periodismo) recaben datos de su organización y financiamiento. Se puede presumir que servirá para su control desde el poder.
El discurso del Régimen ha sido demoledor con las Organizaciones No Gubernamentales a las que el Presidente, como ocurrió en la última sabatina, no deja de cuestionar, en este caso, por sus tesis frente a la Ley de Aguas.