El Senado de la República Oriental del Uruguay aprobó la norma que se venía discutiendo en la sociedad del país sureño durante largo tiempo: la legalización del consumo de marihuana.
El uso del cannabis tiene larga data. Su prohibición generó conflictos y arduos debates éticos y científicos sobre una actividad considerada ilícita en buena parte del mundo, y que genera mafias y crimen en el entorno.
La propuesta causó la polarización de la sociedad uruguaya; los grupos más conservadores reaccionaron indignados. La aplicación práctica es compleja. Si el Estado uruguayo se vuelve en garante de su calidad, significa que debe ejercer un control sobre los cultivos y su comercialización. Los boticarios no saben en qué condiciones se expenderá el producto -hasta ahora ilegal- y hay desconcierto.
En la comunidad internacional el debate es no menos controversial. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen se expresó contraria. Uruguay contraviene una norma de 1961 de la ONU. En naciones del Mercosur se reacciona con cautela. Dos países de la Alba, como Bolivia y Venezuela, defienden la soberanía uruguaya.
Hay también reacciones favorables, con el argumento de que el narcotráfico mutó de la marihuana a otras drogas cuando los cultivos personales se generalizaron. También se defiende su uso terapéutico. Y hay países que aprueban su uso pero no consienten su producción. El debate mundial se reavivó.