Para las actuales autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la decisión de sacar de sus balances financieros una deuda del Estado por USD 2 506 millones -por atenciones a personas con enfermedades catastróficas y jubilados-, es parte de un proceso administrativo. Para exdirectivos del Seguro, esa medida no tiene justificación.
La diferencia de criterios sobre un mismo tema causa sorpresa, básicamente porque los cuestionamientos provienen de autoridades que formaron parte del actual Gobierno, del cual se espera una misma línea de acción.
La deuda del Estado en materia de salud se viene acumulando desde el 2002, cuando se creó la Ley de Seguridad Social, con la cual el Estado tiene la obligación de cubrir las atenciones de salud de jubilados y personas con enfermedades catastróficas.
Esa obligación no se ha cumplido hasta ahora, pese a que el Ministerio de Finanzas reconoció la deuda y firmó actas de compromisos de pago, en el 2010 y el 2012. Para definir el valor a pagar se formó una comisión interinstitucional, la cual no cumplió su objetivo.
La argumentación para no hacerlo se resume en la falta de documentos de respaldo y de un reglamento, el cual era responsabilidad del Ejecutivo. Este no lo hizo pese a que existe un proyecto de reglamento desde el 2009.
La resolución de este tema se encuentra actualmente en manos de la Contraloría, cuya tarea es, entre otras, hacer cumplir la Ley se Seguridad Social.