En la semana anterior a la posesión, entre nombramientos y promesas, Rafael Correa llegaba al poder. Propuso una revolución ética y ciudadana. ¿Se cumplieron las promesas? El cambio político llegó. Primero se violentó el Estado de derecho con el cierre del Congreso y se adelantó una consulta popular que dio como resultado una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución y su aprobación en las urnas. A dos años de su vigencia varias normas se han transgredido. Se creó un nuevo esquema con cinco poderes. El resultado ha sido la ficción de un poder ciudadano con carencia de ciudadanía y extrema influencia del Ejecutivo que además domina el mapa mayoritario de la Asamblea y una justicia que no ha podido cortar el cordón umbilical del poder concentrado. El panorama de la oposición es tierra asolada sin opciones, organización ni propuestas. Solo Correa y su movimiento funcional y obediente copan el mapa político.
En el ámbito económico, el Gobierno ha contado con millonarios recursos. Los presupuestos han crecido de forma exorbitante y el gasto público, sin austeridad ni rigor fiscal, mueve la maquinaria dependiente del precio del petróleo que se mantiene alto. Las obras de infraestructura han tenido un buen avance. En lo social, el bono y los subsidios son la política pública. El clientelismo genera popularidad pero no genera fuentes de trabajo ni producción. El desempleo y subempleo son una rémora tremenda. La inseguridad también es tarea pendiente. La revolución ética muestra su cara oscura. El escándalo de Fabricio Correa es el caso más emblemático entre tantos otros. La poca acuciosidad de los organismos de control y de la justicia dejan una gran cuenta pendiente. Si no hubiese habido reelección presidencial, ¿cómo entregaría el poder Rafael Correa a su potencial sucesor?