Un operativo policial y militar en los cantones de Paquisha y Yantzaza, sector de Conguime, en la provincia de Zamora Chinchipe, concluyó con el desalojo de los mineros que laboran en lugares donde, según el Gobierno, no se puede explotar sin los permisos respectivos.
En teoría, al Régimen le asisten razones legales y ambientales suficientes para ordenar el desalojo, pero de ninguna manera es justificable que una acción policial y militar que debió haber sido persuasiva y prudente haya terminado en episodios violentos, protagonizados tanto por la Fuerza Pública como por los mineros.
El Gobierno, en su afán de poner orden, no supo distinguir entre los pequeños artesanos y los mineros que cuentan con maquinaria pesada y que, por tanto, hacen mucho más daño a la ecología y a la naturaleza.
Un agravante adicional fue que la nacionalidad shuar salió a defender su espacio bajo el argumento de que el desalojo policial y militar atentó contra su derecho a las tierras ancestrales.
El área de Conguime (2 080 hectáreas) es parte del territorio de la Asociación Shuar de Nankais, que ocupa 7 570 hectáreas de Paquisha. Se trata de compatriotas que viven en situación precaria, rodeados de pequeñas plantaciones de yuca y plátano.
Apremiados por la necesidad de sobrevivir, algunos in-dígenas arriendan sus tierras para la explotación mine-ra, lo cual el Régimen debió tomar en cuenta antes de ordenar el operativo.
Claro que es importante admitir que gente inescrupulosa se ha aprovechado de esa condición social para emprender proyectos mineros a gran escala, pero el error oficial fue no diferenciar entre unos y otros.