El viernes, a las 20:30, los conductores de la larga fila de vehículos que suben y bajan por la congestionada vía al valle de Tumbaco (Quito) escuchaban estupefactos las seis detonaciones de arma de fuego.
Pocos minutos después moría Francisco Espinosa Álvarez, ejecutivo de una conocida cadena de comida rápida. Una víctima más de una situación de violencia y delitos que el país ya no puede aguantar.
La huella de dolor marca ya a sus familiares, amigos y conocidos. Las investigaciones policiales se adelantan aunque sería prematuro aventurar los móviles del crimen.
Los expertos señalan que el modus operandi descrito por los testigos se asemeja al empleado en casos de sicariato (asesinatos por encargo a cambio de dinero).
Las alertas que despiertan desde la sociedad entera demandan una respuesta oficial contundente.
Es verdad que en los barrios marginales de las principales ciudades el problema del crimen ha sido una constante desde hace tiempo. Ahora la sensación llega a las élites económicas y a la clase media que, cada vez más , sufre todo tipo de atropellos y son víctimas de delitos (robos, asaltos a mano armada, atracos a bancos, etc.).
El discurso oficial se halla entrampado en una lógica que no corresponde a la realidad. Lo atribuye todo a una acción manejada por los medios. Muchos canales públicos y privados muestran las escenas de dolor que deja el crimen. Cifras de Naciones Unidas dan cuenta del crecimiento violento del crimen. Las presiones desde las fronteras vecinas muestran cada vez con más rigor los riesgos del narcotráfico y de la penetración del crimen organizado.
No se trata de percepción como inopinadamente dijo un ex ministro. Que el Gobierno tome en serio el que es, para los ecuatorianos, el principal problema que nos aqueja.