Costos universitarios
La autoridad decidió regular los aranceles. Si el fin
común es la calidad, deben lograrse acuerdos mínimos. Como continuación de la reforma universitaria, el Gobierno se muestra decidido a regular incluso sus costos. Con ese fin expidió hace pocos días una resolución transitoria que ha provocado reacciones desde los sectores involucrados.
En primer lugar están las propias universidades privadas, impelidas a hacer una serie de mejoras a raíz de la evaluación de la cual fueron objeto y que determinó su categorización. Este esfuerzo de mejoras en distintos planos ha significado una inversión que se sostiene en el cobro de aranceles, según hace notar el Presidente de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares.
Si los aranceles pueden aumentar solamente en función de la inflación anual con base en las cifras de los años pasados, es fácil entender que tienen un problema financiero complicado en sus manos.
Por su parte, la autoridad se muestra dispuesta a hacer cumplir las disposiciones y quiere ir incluso a un control de la utilización de los fondos universitarios.
Por último, están los usuarios, es decir, los alumnos y los padres de familia, que esperan que en esta difícil fórmula no se pierda de vista un aspecto tan importante como la calidad, que fue la gran motivación para emprender la reforma.
El camino, que se empezó hace varios años, ha estado sembrado de desencuentros producto de los prejuicios y de la falta de confianza. Una vez que la reforma en búsqueda de la calidad está avanzando, es indispensable que se imponga la sensatez en las decisiones y que haya acuerdos mínimos para el bien común.
