La Corte Constitucional ha sido noticia de primera página durante todo este tiempo. Fueron polémicos tanto el papel que jugó al dar vía libre a las preguntas del Ejecutivo en la consulta, como el fallo y su marcha atrás en el aún turbio tema de la Cervecería y su más reciente episodio: la defenestración del Secretario.
Si bien los magistrados decidieron decapitar al funcionario y dar por terminado el caso, no se debe ni se puede echar tierra sobre un asunto espinoso que empaña la labor de la Corte Constitucional.
La Corte cuestionada falló a favor de la empresa en una reclamación de antiguos trabajadores. Un legislador destapó el escándalo a raíz de los jugosos honorarios del abogado de la empresa, Alfredo Larrea, hermano de Arturo Larrea, secretario de la Corte.
Como consecuencia del oscuro episodio la Corte decide revisar su fallo anterior y dejarlo sin efecto. Tras las primeras indagaciones fiscales y la presurosa escapada de las cámaras y de los periodistas por parte de uno de los protagonistas, la Corte resolvió dar licencia a su Secretario. Pero esta semana lo destituyó con la unanimidad de sus votos y argumentando la presión que dicho funcionario habría ejercido a su secretario Víctor Dumani en la redacción del proyecto de resolución.
El Presidente de la Corte argumenta que se le destituye para demostrar que no hay nada oculto. Los ecuatorianos esperamos una investigación legal clara y, si se encuentra causal, que se sancione a los responsables.
Esta Corte, que en su momento se autoprorrogó, es la misma que terminó cediendo a las presiones del proponente de la consulta, sin sopesar argumentos jurídicos y un informe de minoría. Sus procedimientos están bajo observación.