La tensión política generada por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que buscaba que la Corte adopte medidas provisionales pedidas por tres consejeros, cesó.
Lo curioso es que la solicitud de la Comisión a la Corte llegó después del contundente pronunciamiento popular del domingo, cuyos resultados definitivos se proclamaron ayer. La Corte -con sede en San José de Costa Rica- está en la cúpula del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, a cuyo sistema se adscribe la Comisión, con sede en Washington.
El petitorio de la Comisión causó una reacción del Gobierno, que lo consideró como una intromisión en asuntos internos. Las funciones del Estado criticaron la solicitud presentada sin tomar en cuenta la voluntad popular.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue parte del diseño de la Constitución de Montecristi. Ese concepto, antes que dar paso a una expresión genuina y diversa de la ciudadanía, se constituyó en un brazo del modelo de poder concentrado que aupó el régimen de Rafael Correa y tanto daño hizo a la democracia del Ecuador.
Los consejeros no fueron independientes ni el proceso de selección de autoridades que derivó de los concursos que de allí derivaron fue impoluto, como el país esperaba. Los resultados saltan a la vista y hoy se cierra el ruido político causado; vendrá la transición decidida en las urnas.