La Corte Constitucional y la causa por Quito

El Cabildo de Quito sume a sus vecinos en la penosa falta de liderazgo e inacción jamás vista en la historia de la capital y que merece una pronta solución apegada absolutamente a derecho.

El dictamen de una sala de Corte Provincial de Pichincha, según los expertos, se extralimitó al conocer y pronunciarse sobre una causa que iba más allá de la acción de protección de una jueza que cuestionaba la acción de la Comisión de Mesa del Concejo de Quito. La acción de la sala de la Corte Provincial contó con fallo dividido: dos votos a favor y uno salvado, que buscaban reinstalar al exalcalde removido por el Consejo del Distrito Metropolitano.

Haciendo uso de la norma legal que le ampara, la Corte Constitucional puede y debe asumir de oficio el tema en vista de la gravedad del asunto, de su novedad y de su relevancia.

Quito no puede seguir paralizada por una disputa de esta naturaleza.

Independientemente del pronunciamiento que debe establecer la Corte Constitucional, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que decidió desechar los argumentos de la consulta efectuada por el exalcalde, ya pide cuentas sobre su inmediato y obligatorio cumplimiento.

Más allá de las acciones que se puedan derivar de los hechos conocidos de modo suficiente por la ciudadanía, el Consejo Nacional de la Judicatura debe seguir adelante investigando los procedimientos del sorteo y asignación de causas, la manera de etiquetar el ingreso de los expedientes que buscaron acciones de protección, e indagar y descubrir si hubo procedimientos irregulares. Y, si es el caso, sancionarlos.

La opinión pública duda por este y otros casos de la independencia y pulcritud de un sistema judicial al que se le pretendió someter al poder político con el argumento de meterle las manos a la justicia, lo que destruyó principios básicos del estado de derecho como la independencia de los jueces y afectó la transparencia.

Obrar en bien de Quito y restablecer ese estado de derecho que se ha querido dinamitar es un mandato inexorable e ineludible de los altos magistrados por el país y la ciudad.

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