La Corte Constitucional

La Corte Constitucional (CC), integrada por los jueces con mayor poder del Ecuador, ha concluido una fase de renovación parcial.

El azar ha decidido que dejen sus cargos María del Carmen Maldonado, Antonio Gagliardo y Marcelo Jaramillo. En su reemplazo y como resultado de un proceso de selección, a partir del 6 de noviembre, estarán Roxana Silva, Pamela Martínez y Francisco Butiñá.

Existe un elemento común en dos de los tres jueces que salen y en los que llegan: anteriormente, han colaborado en diversas instancias del Ejecutivo.

La proximidad de magistrados de la CC con el Gobierno ya ha sido advertida. Ese posible nexo ha marcado de alguna forma la gestión del máximo organismo de control constitucional desde que este opera.

Para constatarlo, basta una revisión de los procesos tramitados, que evidencia que los asuntos impulsados por el Régimen han merecido una mayor atención.

Uno de los más complejos, que ha dado lugar a una ola de reacciones, se relaciona con el dictamen favorable de la CC a 16 de los 17 cambios (enmiendas) constitucionales planteadas por Alianza País, entre las que se incluye la reelección presidencial indefinida. El veredicto cerró así el paso a una consulta popular sobre un tema ciertamente controversial.

Al margen de la existencia o no de posibles impedimentos, la renovación parcial reabre el debate sobre otro tema. Si su Presidente debiera, en forma simultánea, desempeñarse como magistrado de la CC y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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