Con bombos y platillos prometieron cambiar la historia. Una de las tesis de campaña que más extraña la población es la supuesta “revolución ética”. Después de 3 años y 8 meses de Gobierno, la lucha contra la corrupción parece demagógica.
Pruebas al canto: la Asamblea Nacional tejió una telaraña legal que impide que fluya la fiscalización. Uno de las causas y razón de ser de la Legislatura en un sistema democrático que se precie es fiscalizar a las otras funciones del Estado. Aquí la tramitología impidió los pocos juicios políticos que se intentaron llevar a efecto y varios ministros y el Fiscal lograron eludir en los vericuetos de los leguleyescos procesos y no presentarse a interpelación.
Para sustituir a la antigua Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción, el presidente Correa creó una Subsecretaría Anticorrupción, primero y luego la Secretaría de Transparencia. Entre los cambios de sus titulares y unas pocas denuncias sin mayor vigor, con más tufillo a juegos pirotécnicos. No puede ser el propio Ejecutivo quien se fiscalice (juez y parte), la transparencia parece ser otra arenga propagandística.
Y para ocupar los espacios de la desaparecida CCCC y la Secretaría Anticorrupción, la genialidad de los legisladores constituyentes de Montecristi creó con pompa y presupuesto el famoso Poder Ciudadano.
Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana no atina a organizarse bien. Dilata hasta las calendas el proceso de nominación de autoridades que manda la nueva Constitución y ahora, para colmo de males enturbia la lucha contra la corrupción sin dar paso a 3 500 denuncias arrumadas en cajas de cartón sin poder estudiarlas.
Preguntamos: ¿cuándo se conocerán estos casos y pasarán a la Fiscalía? ¿Habrá que esperar otra revolución ciudadana?