12 000 correos suman sospechas en caso Sobornos

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Jueves 01 de agosto 2019

El caso Sobornos muestra los resquicios de un tinglado de poder cada vez más sospechoso, cada vez más enredado. Y todo desde el poder central.

La trama de supuestos sobornos va desmadejándose poco a poco. Y aunque los 12 000 correos electrónicos hallados en las computadoras de quienes cumplieron funciones de confianza durante la década de Rafael Correa muestran nuevas ‘curiosidades’, todo va quedando claro.

La justicia debe hacer su trabajo, debe contrastar cada uno de los relatos que traen unos correos electrónicos amparados en la impunidad del poder, comprobar su veracidad, la cronología y los protagonistas.

Desde luego vendrá el tiempo del debido proceso. El derecho a la defensa de los que vayan a ser encausados debe observarse con celo. Con tanto celo como antes, en la década del poder concentrado y el control del sistema judicial, no se observó con quienes pensaban distinto.

Uno de los primeros hallazgos ratifica la intención de quienes quisieron meterle la mano a la justicia y además lo proclamaron a los cuatro vientos como acción meritoria.

‘En abril se designarán nuevos jueces nacionales para llevar vacantes a escala nacional. De lo que he investigado, la Judicatura no ha coordinado este tema con el Ejecutivo, lo que es un error, ya que debemos velar porque en estos espacios vaya gente que cree en nuestro proyecto, no los que no lo respetan, no los odiadores’.

¿Podría haber una frase que pinte de cuerpo entero el concepto de la intromisión en la justicia y la falta de independencia de quien cree que esa es la forma de proceder?

Esta parece apenas la punta de un iceberg de magnitud escalofriante.

Solamente este correo justifica plenamente la evaluación total, sin rémora y de modo pulcro, a los jueces de la Corte Nacional. ¿ Cabe a alguien sensato en el país la menor duda?

Los 12 000 archivos deben ser examinados de modo técnico, sin pasión, descubrir a los autores de semejante intercambio de información y establecer los lazos de presuntos delitos, sus autores, cómplices y encubridores. El país lo exige.