Tras el cisma y la salida de las anteriores autoridades de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional, la obstinación persiste y los miembros oficialistas cierran filas.
La mayoría gobiernista apura la ley que si se aprueba será de control a la prensa libre y de sanciones fuertes, nadando a contracorriente de todas las conquistas de las sociedades democráticas en materia de derechos y libertades.
Aquí resalta un contrasentido: el Presidente dice que no es importante la Ley de Comunicación para su proyecto, pero la Secretaría de Comunicación atosiga las pantallas de los canales incautados y del oligopolio televisivo controlado por el Gobierno, y los asambleístas no aceptan ceder en la conformación del Consejo de Comunicación.
El tema central está ahí. El acuerdo multipartidista de diciembre contemplaba la plena independencia del Consejo. La palabra se rompe con esta tesis y se vulnera un punto importante: la equidad. Si en el Consejo de Comunicación para juzgar a los medios y controlarlos están representantes del Presidente de la República, serán jueces y parte.
Los medios públicos están en manos oficiales y no en manos de la gente como debería responder a su naturaleza. Medios del Gobierno que adelantan costosas campañas ofensivas con el dinero del pueblo. Como si lo dicho fuera poco, otra amenaza a la prensa libre es la interferencia de este Consejo politizado en la asignación de las frecuencias de radio y televisión y un sistema de fuertes sanciones.
Además, y al puro estilo de la partidocracia que criticaron, buscan votos para aprobar esta ley en el Pleno con aliados convenientes. La libertad de expresión, que debe preocupar a todos y no solo a los medios, está en serio peligro.