Control y educación

Una de las penosas consecuencias de las celebraciones de fin de año en el Ecuador, al igual que en otros países de la región, han sido los accidentes generados por el uso de juegos pirotécnicos y de explosivos durante la quema de los monigotes que representan al año que se va.

Si bien las horas de la noche del 31 de diciembre y de la madrugada del 1 de enero suelen ser las más intensas en los hospitales de Quito y Guayaquil que reciben a los heridos con fuegos artificiales y explosivos, los problemas solían presentarse desde los días previos.

La disminución de pacientes por esa causa en Guayaquil y la no existencia de ellos en Quito en estos días, dan a entender que las medidas que se están tomando en esta materia producen resultados consistentes a lo largo del tiempo. A la venta controlada del material explosivo se suma la campaña que realiza el Estado para persuadir a los ciudadanos sobre lo peligroso de manipular estos artefactos.

Los testimonios de quienes sufrieron heridas -que en muchos de los casos significaron daños permanentes y problemas no solo para ellos, sino para todo su entorno- son parte de las campañas de información y prevención.

Si bien quedan cosas por hacer, el modo en que se está enfrentando el problema es un ejemplo de que no es imprescindible prescribir penas graves para enfrentar una conducta negativa, sino que junto a sanciones razonables como juzgar por contravención a quienes elaboren o comercialicen sin permiso material pirotécnico, debe haber educación.