El primero de octubre vence el plazo. En la Asamblea se conoce el proyecto del Ejecutivo que con carácter de urgente se debe tramitar en 30 días. El documento y la discusión están en manos de una comisión con mayoría gobiernista.
Varios actores directos han expuesto sus criterios, dudas y hasta temores. Los empresarios estiman que hay riesgos de quiebra de empresas con sanciones tan duras como la del 12% de la facturación. Ponen reparos a las facultades del Ejecutivo en el control y la regulación.Lo ideal sería que no solo se los escuche, sino que sus sugerencias se tomen en cuenta, si no el ‘debate’ será inútil. Ha sido una tendencia evidente de este Gobierno concentrar el poder y querer controlarlo todo.
Con el proyecto de ley Orgánica se pretende entregar amplias facultades discrecionales a la autoridad (una Superintendencia) cuya independencia técnica no se garantiza. Hay el peligro de que el criterio político prime sobre el aconsejado equilibrio que merece una ley tan delicada.Un poder político con amplias facultades sancionadoras y facultades discrecionales puede generar corrupción y hasta abuso de poder si se aplica subjetivamente.
La definición del concepto de monopolio y posición dominante para los analistas entendidos es confusa y se presta a interpretaciones que pueden terminar ahuyentando las inversiones y hasta poniendo en cuestión la seguridad jurídica. Se ponen tantos controles al sector privado y nos preguntamos si las empresas públicas del Estado en manos del poder político tienen tantas exigencias.
Para una economía abierta que genere inversión y fuentes de empleo lo mejor es proteger a los consumidores que son la razón de ser de una sociedad organizada.