La Contraloría General del Estado ha entregado información valiosa, pero al mismo tiempo preocupante. Al menos tres generales de la Policía Nacional no pasaron los controles estatales sobre los incrementos de sus patrimonios. Este ente efectuó 24 exámenes especiales a las declaraciones juramentadas de bienes de generales policiales. Los expedientes de los tres oficiales que no lograron demostrar la licitud de sus patrimonios ahora pasaron a la Fiscalía, organismo que deberá abrir una investigación penal.
La acción que ha realizado la Contraloría de informar que hay resultados de sus exámenes especiales que pueden traer consecuencias penales a los involucrados es inusual, pero abre una ventana poco explorada por el ente de control.
La Contraloría ha tenido una política de no dar nombres, en principio porque no es un ente que juzga, sino que prepara informes técnicos que, dependiendo de la gravedad, pueden generar responsabilidades administrativas, civiles o de presunción penal. En los dos primeros casos, establece medios para recuperar dineros del Estado si se detecta negligencia. Si presume
que hay delitos penales (corrupción) pasa sus estudios a la Fiscalía, que investigará formalmente y, de ser el caso, pedirá penas para los funcionarios involucrados.
Sin embargo, son rarísimas las ocasiones que hace anuncios de que ha encontrado indicios de responsabilidad penal tras sus auditorías, como en el caso de los tres generales de la Policía.
EL COMERCIO, el año anterior, publicó un reportaje en el que revelaba que entre 2011 y 2021 la Fiscalía inició 2 777 investigaciones como producto de informes de responsabilidad penal enviados por la Contraloría. De ese total, apenas tres llegaron a una sentencia: dos condenatorias y una absolutoria.
La sociedad civil debiera hacer votos para que esos indicios de responsabilidad sean investigados oportunamente y que no queden en la impunidad. Además, verá con buenos ojos que la Contraloría haga informes mensuales de cuántos de ellos envía a la Fiscalía. Una veeduría social es imprescindible.