El Consejo Nacional Electoral exige requisitos rigurosos a los voluntarios cívicos que, en número de 10 000, busca desplegar la ONG independiente Participación Ciudadana para entregar al país datos confiables sobre el resultado de las elecciones presidenciales de primera vuelta, el próximo 17 de febrero.
Ante la falta de confianza de la población en los sistemas tecnológicos del máximo organismo del sufragio, cuya debilidad quedó evidenciada en el farragoso proceso de contrastación y verificación de firmas de los partidos y movimientos, se vuelve indispensable el concurso cívico de una organización independiente que goza de alta credibilidad y respeto.
Esta incursión es más necesaria vista la deficiente entrega de información extraoficial con la que se contó en los registros de los resultados de la Consulta Popular, donde la encuestadora elegida por el Gobierno (SP) tuvo un estrepitoso fracaso, con un gigantesco margen de error.
Todas las tabulaciones independientes pueden abonar al objetivo de que los datos muestren un proceso electoral transparente. Esta necesidad es más evidente cuando todavía no se sabe qué sistemas tecnológicos se han elegido (se habla de un esquema de República Dominicana).
Si además de la observación internacional se descalifica a observadores serios como los europeos en el pasado, la acción de Participación Ciudadana luce indispensable.