El Consejo Nacional Electoral tardó 66 días para proclamar los resultados oficiales de la consulta y del referendo del 7 de mayo. El movimiento de Gobierno volvió a celebrar pero no con la parafernalia con que desató su festejo anticipado. Aunque siguen repitiendo el discurso demagógico del 10 a 0 (como si de goleada de fútbol se tratase), todo el país sabe que el resultado fue apretado.
Pero lo más grave es que ahora ya corre el plazo para cumplir esta nueva oferta de campaña. Transformar la Justicia en 18 meses en un país que ha acusado esa debilidad institucional y estructural no es tarea fácil.
Peor si consideramos que la independencia indispensable de la administración de justicia para que los fallos que de ella emanen sean ajustados a derecho se pone en duda. Sí, porque la comisión “tripartita”, aquella a la que la gente la empieza a llamar el triunvirato, poco puede exhibir de independencia del poder concentrado.
Hay un delegado del Ejecutivo que no es experto en Derecho. Habrá un comisionado del Legislativo cercano al Régimen por la mayoría oficialista, pese a las dificultades evidenciadas a finales de la semana anterior para viabilizar su nombramiento. El delegado de la Función de Transparencia también recibe cuestionamientos por ser allegado al Gobierno. La independencia corre grave peligro.
Tras la proclamación se impone reformar las normas electorales para evitar el uso y abuso del aparato público, sus bienes y recursos en las campañas electorales, para impedir la propaganda oficial que anula la equidad, conforme lo señalaron los observadores internacionales, y para garantizar reglas de juego iguales para los actores de la contienda presidencial del 2013.