Cuando la propuesta indígena mostraba los profundos desacuerdos entre este importante grupo social y el Gobierno, y ante la impotencia comprobada para pasar la polémica tesis oficialista en el debate de la Ley de Aguas en la Asamblea, se echa mano de una carta contemplada en la Constitución: la consulta.
La Carta Magna de Montecristi, de vocación garantista, reconoce como derecho colectivo la consulta previa (ver art. 57). Sorprende que ahora se acuerden de esta norma, justo cuando estaban por cerrar la votación de la Ley de Aguas en medio de una acre polémica que llevó a las calles a los indios, provocó enfrentamientos y desmanes.
No hay que olvidar que el derecho a la resistencia que hoy le quieren negar al indígena desde el Gobierno es otra de las proclamas “progresistas” de los legisladores constituyentes.
Desnudada la impotencia oficial, con una Legislatura que no puede avanzar en el tratamiento de leyes y buscar consensos y que ya renunció a una de sus tareas cruciales, la fiscalización; que luce como subordinada al dictamen gubernamental, ahora se intenta enarbolar la bandera de la consulta.
Puede ser que sea solamente para ganar tiempo o esquivar el bochorno de no aprobar la ley a su capricho para conseguir el control político del agua, alto factor de poder.
Podría ser también que en el concierto de un escenario de desgaste y agotamiento del discurso con frentes abiertos por todas partes -incluso en sus propias filas- y la imposibilidad de procurarse gobernabilidad pese a tener mayoría, la estratagema de País sea poner al presidente Rafael Correa otra vez sobre la tarima. Al fin y al cabo esa es la mejor de sus habilidades: ganar en las urnas.