CONFLICTO DE INTERESES

Los hidrocarburos y su comercialización suponen el principal ingreso del Estado ecuatoriano. Su manejo debería ser pulcro y todas las actividades de la empresa estatal Petroecuador deberían ser controladas rigurosamente por los entes oficiales.

La Secretaría de Transparencia hizo una denuncia pública y pidió investigar, con el objetivo que si se comprobara acto doloso alguno, debería separarse a 628 trabajadores de la estatal petrolera, que a su vez serían accionistas de una empresa llamada Gaspetsa. Resulta que Gaspetsa realizaba una mezcla de gasolina con aceite y la comercializaba para el consumo de los pescadores artesanales. El negocio funcionaba hace 5 años, se hacía sin licitación y en él intervenían funcionarios de Petroecuador con responsabilidades administrativas, seguramente caucionados, a su vez presuntos accionistas de Gaspetsa. Es evidente que la empresa funcionó bajo la complacencia de las actuales y anteriores autoridades de la estatal petrolera y durante varios gobiernos, por eso, si hubiese lugar a responsabilidades administra-tivas o incluso penales, los implicados pudiesen ser varios altos funcionarios del rubro petrolero.

Con un gran discurso propagandístico se anunció la llegada de la Marina a Petroecuador para sanearla, pero al parecer el catalejo de quienes proclamaron su llegada al ente estatal con afán de moralizar no vio, o su lente se empañó, cuando se trataba de mirar dentro de su propia nave.

La denuncia, cercana en el tiempo a otra en el manejo de la agricultura, parece ser otro eslabón de la estrategia oficial para demostrar que el Gobierno se preocupa de la ética. Una proclama de campaña que en otras áreas del poder ha sido olvidada. Ojalá esta vez las autoridades de control y la Fiscalía investiguen y sancionen a los involucrados.

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