4 de August de 2012 00:00

LOS CONDUCTORES Y LA CÁRCEL

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La aplicación de la Ley de Tránsito, en cuanto a la velocidad a la que deben circular los vehículos, impone penas de prisión para los conductores que rebasen los límites, y ya ha llevado a muchos ciudadanos a ser privados de libertad.

Muchas personas están de acuerdo con medidas duras para que se respeten los límites, aunque se discute la proporcionalidad de las sanciones. La implantación de medidas drásticas no siempre da resultado y a veces se vuelve una herramienta de extorsión, sin contar con los casos de impunidad que se producen cuando los choferes profesionales simplemente se fugan tras provocar tragedias espantosas.

La experiencia para los ciudadanos que han sufrido la detención es deprimente. Primitivo es el estado de los centros destinados a ese propósito. Pocilgas malolientes, frío, hacinamiento, personas durmiendo en el suelo sin las más elementales normas de sanidad muestran una situación donde los derechos humanos se violan de manera flagrante. El responsable es el Estado.

Los ciudadanos infractores pasan la noche con otros detenidos por ser, presuntamente, responsables de accidentes de tránsito de mayor impacto.

En localidades donde no hay este tipo de centros, los detenidos deben compartir su privación de libertad con personas que se encuentran acusadas de robo, asesinato y otros crímenes, a la espera de su juzgamiento.

Tanto las penas por exceso de velocidad como las que pudieran desprenderse del punitivo Código Penal Integral que la Asamblea Nacional está estudiando, podrían hacer crecer la población carcelaria. Y si ya la situación en los sitios de detención es deplorable, en el futuro pueden convertirse en una lacra de mayor vergüenza.

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