Las tarifas del transporte público han estado represadas durante varios años. El subsidio estatal suplió los ajustes de precios.
Un tema tan polémico y que ha ocasionado muchas tensiones en el pasado es hoy motivo de visiones distintas. Nadie quiere asumir el enojoso momento de un alza de tarifas para sincerarlas, pues se sabe que es un asunto explosivo.
Esta polémica llega a la mesa de la política y atraviesa distintas ópticas. Es hora de tomar las decisiones para trasladar competencias y asumir responsabilidades en distintos ámbitos.
Varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen a su cargo múltiples tareas. El Poder Ejecutivo piensa que deben asumir la responsabilidad de regular y controlar el tránsito.
El de Quito es un ejemplo de un municipio en el cual ciertas tareas pasaron al control de la Agencia Metropolitana.
Las normas del Cootad y la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre parecen chocar en este aspecto.
El tema, según esta última Ley citada, debe ser asunto privativo del Ejecutivo, del Ministerio de Transporte y delegado a la Agencia Nacional de Tránsito.
Pero algunos municipios, como ha expresado el Alcalde de Guayaquil, dicen que no deben asumir competencias sin recursos, y que mientras eso no ocurra una medida como esta será inviable.
El Presidente afirmó en la sabatina que el asunto será tema de los GAD.
Tarifas o subsidios técnicos y no políticos: una ‘papa caliente’ que atraviesa la política coyuntural de estos días.