13 de October de 2011 00:01

Una competencia sin distorsiones

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Finalmente, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, más conocida como Ley Antimonopolio, pasará al Registro Oficial para su promulgación. El Ejecutivo no la vetó, y de ese modo acogió los cambios introducidos en la Asamblea Nacional frente a un proyecto inicial más radical.

Esto, sin embargo, no quiere decir que la normativa haya despejado las principales dudas de quienes operan en el mercado ofreciendo bienes y servicios. La principal tiene que ver con la gestión de control, que si bien estará a cargo de una Superintendencia dependerá de las decisiones de una sola persona, su titular, y no de un cuerpo colegiado, como sucede en otros países, según hacen notar los empresarios que han cuestionado esta decisión.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con el poder de la Junta de Regulación, pues no solo establecerá políticas, como se espera que lo haga el Estado, sino que dictará normas, y estará integrado por cuatro ministros de Estado que, evidentemente, responderán a los lineamientos del Gobierno de turno.

Otro punto que causa mucho recelo en el sector privado es la capacidad de crear, a través de decretos presidenciales, excepciones para el control de cualquier área de la economía nacional, lo cual pudiera alterar la competencia, si se usara a discreción. También puede alterarse el mercado con las disposiciones regulatorias a la banca y a los medios privados, en concordancia con una visión que privilegia el control y la gran participación del Estado en la economía.

Si de lo que se trata es de garantizar una competencia justa y de velar por el interés del consumidor, es necesario contar con una Ley que garantice una aplicación técnica de la normativa. La expedición del reglamento y el nombramiento del Superintendente darán pistas más claras.

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