Dos meses de debates y disputas se cerraron con la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar fuera de la participación democrática en la próxima contienda presidencial a fuerzas nuevas que buscaron su inscripción.
Más allá de la farragosa y cuestionable revisión de las firmas, fuera de todo plazo que daba la ley al máximo organismo del sufragio para la aprobación legal de los partidos y movimientos, el proceso acarreó el desprestigio de la clase política, la sospecha sembrada sobre supuestas firmas falsas en todas las fuerzas –empezando por las centenas de miles de firmas inválidas del movimiento oficial– y el desconcierto en la etapa de una revisión poco clara y muchas veces aplazada. Equipo, de Fabricio Correa y Suma, de Mauricio Rodas estaban a la espera del certificado. En el último caso solo faltaron 1 300 firmas y hubo evidencias de fallas en el proceso de revisión que el CNE no tomó en cuenta.
También fueron excluidos dos movimientos que conforman la Unidad Plurinacional de las izquierdas: Participación y Poder Popular, de Gustavo Larrea y Paúl Carrasco, respectivamente. Fuera de toda posibilidad quedó CFP, que había llevado a la presidencia a Jaime Roldós. Antes, por disputas de sus directivos, quedó al margen Izquierda Democrática, el partido que fundó Rodrigo Borja y lo catapultó al solio presidencial.
Se suponía que esta nueva etapa alentaría la participación ciudadana. Pero todo el proceso deja dudas sobre las intenciones y procedimientos y se ha empañado el inicio de la campaña cuando el 17 de octubre deben empezar las inscripciones de los presidenciables y el Presidente ya dice que cuenta con el ‘visto bueno de su familia’ para optar por su tercera elección consecutiva.