Un año y una semana han pasado desde que los ecuatorianos decidieron suspender la explotación del bloque petrolero Yasuní-ITT, en la Amazonía ecuatoriana.
En la consulta de popular del 20 de agosto de 2023 planteada por el expresidente, Guillermo Lasso, el 59% de los votos fueron para dejar de explotar.
Ahora, la administración de Daniel Noboa busca una alternativa para hacerlo de manera paulatina. El Ejecutivo entregó su propuesta a la Corte Constitucional.
Es un documento de 304 páginas con tres escenarios, que van desde el abandono inmediato del ITT, que el Régimen declinó de plano, hasta la declinación natural de producción del campo, en un plazo de 13 años.
Y la tercera opción es cerrar los 261 pozos de manera paulatina hasta noviembre de 2029.
¿Por qué el Gobierno no quiere hacerlo de inmediato? Las finanzas públicas, en la actualidad, no lo resistirían. Ecuador atraviesa un período complejo entre recesión e intentar cambiar la tendencia con los más de 4 000 millones de dólares -en préstamos- que ingresarán en el segundo semestre de 2024.
Un cierre inmediatamente representaría que el Estado deje de percibir 16 000 millones hasta el 2034, que es el tiempo de vida útil estimado para ese campo.
Si lo hace hasta el 2029 serían unos 2 460 millones de dólares.
Allí, surge otra interrogante relacionada con el cumplimiento de la decisión soberana de los ecuatorianos, quienes pensaron un tema ambiental.
Hay que considerar que el cierre del campo petrolero no solo implica parar la producción. Todo está acompañado de una reparación ambiental que los expertos estiman que pueda durar 11 años.
La decisión está a cargo de la Corte Constitucional. Es otro tema polémico que se suma a una larga lista de problemas que tiene Ecuador.
Sea cual sea la decisión, el Gobierno tendrá otro frente que atender: la protesta ambiental o buscar nuevos créditos o impuestos para financiar las cuentas estatales.