Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, un acuerdo parlamentario cesó, contra la norma constitucional entonces vigente, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Carta Constitucional de 1998 decía que los magistrados eran vitalicios. Gutiérrez se sintió amenazado por la nueva correlación de fuerzas a partir de los comicios del 2004 y forjó un acuerdo parlamentario que decidió cesar a los magistrados , dando paso a la vergonzosa designación de la ‘Pichi’ Corte.
El pacto político ubicaba a un amigo personal del ex presidente Bucaram en el poder y por poco tiempo volvieron al país tanto Abdalá Bucaram como Alberto Dahik.
Las protestas que se iniciaron con un grupo pequeño de manifestantes frente a la Corte Suprema, encabezados por el entonces activista César Montúfar, se convirtieron en grandes manifestaciones populares. El Presidente calificó a los descontentos como “forajidos” y eso desató el movimiento que desembocó en la caída del Presidente y el advenimiento del gobierno de Alfredo Palacio, del que fue ministro el actual Presidente.
La demanda de los magistrados defenestrados contra derecho fue sustanciada en instancias locales e internacionales. Ahora el documento emitido en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona la destitución y recomienda reparar a los perjudicados.
El caso debe pasar a estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, y se estima que en un año habrá un dictamen.
El pronunciamiento es una lección de los riesgos de la inseguridad jurídica, la independencia de poderes y el Estado de derecho. Valoriza las instancias internacionales de reclamo. Es un buen precedente.