Un cerco en torno a la mina de Buenos Aires

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Miércoles 26 de junio 2019

Hablar de Buenos Aires, zona minera en la provincia de Imbabura, es referirse a varios asuntos complejos.

Una buena noticia es que la fuerza pública ha vuelto a trazar un cerco. Por ahora, la entrada está controlada.

La minería en esa zona y en otros enclaves no está permitida. La invasión de los mineros artesanales no observa ninguna clase de normas vigentes en otros sectores del país.

Al tratarse de una economía clandestina y al margen de la ley, con ella han llegado hasta Buenos Aires múltiples actividades comerciales. Alimentos, herramientas, maderas para construcciones precarias, medicinas, se venden en la zona sin control y a altos precios. Aún hay más.
A la trata de personas y al tráfico de armas se suman unas tareas de seguridad armada ilegales.

Se ha denunciado la presencia de fuerzas irregulares que pretenden controlar la actividad. Este fin de semanas hubo heridos por armas de fuego. ¡Grave!

Las fotografías que acompañan esta edición muestran el monte perforado. Podemos imaginar que la extracción del mineral se hace de forma rudimentaria, pero al mismo tiempo se conoce que hay grandes recursos económicos en juego.

Las imágenes nos refieren a las minas de Nambija de los años 80 del siglo pasado. La precaria situación de los mineros recrea esa historia de pobreza y explotación del mineral. Hoy las formas pueden ser sofisticadas y los métodos algo más seguros, pero los padecimientos muy parecidos.

El Estado no estuvo durante años; ahora, en el norte se hace presente. Pero lo ideal es que las tareas de seguridad no sean esporádicas y realmente se logre terminar con una ilegalidad que trae beneficios para unos pocos y perjuicios para el resto. El Estado no recibe un solo centavo y, al contrario, debe gastar para controlar la violencia y la destrucción.

Lo que ocurre con el devastación de la montaña y la precaria situación humana muestra una vez más la urgencia de que la minería sea una actividad regulada y controlada severamente por el propietario de los yacimientos: el Estado. La prohibición total propicia el negocio sucio.