Para los magistrados de la Corte Constitucional (CC) el momento es muy complejo. Deben tomar decisiones trascendentes en la vida nacional, que tienen que ver con la pertinencia de las preguntas formuladas por el Jefe de Estado, al tiempo que afrontan serios cuestionamientos por fallos pasados y se recuerda su origen y hasta su legitimidad.
La lógica dice que los miembros de la CC deben analizar sin presiones políticas e imparcialidad, si las formulaciones planeadas para consulta y referendo se apegan a las reglas de juego. Y el instrumento jurídico que debe orientar su estudio es la propia Carta Constitucional de Montecristi, que establece los procedimientos para reformar y enmendar la Constitución o encaminar una consulta.
Desde la formulación del planteamiento presidencial con una campaña propagandística adelantada, los discursos oficialistas ponían evidente presión, mientras los diversos sectores sociales mostraban su parecer y exponían en el alto foro argumentaciones y alegatos, los más, cuestionadores.
En medio de esta dinámica y cuando la revisión de los documentos y los argumentos debería ser efectuada con cabeza fría y talante de jueces imparciales, surgió una grave denuncia sobre supuestos pagos de considerables sumas de dinero para inducir pronunciamientos. Mientras la causa se ventila, la Corte echa abajo el polémico fallo.
La semana que se inicia será teñida de tremendas presiones de opinión pública y actores políticos, lo que hace prever que los magistrados de la Corte no tendrán una atmósfera deseable. La Corte Constitucional se ve abocada a decisiones históricas y trascendentes que pueden hacer respetar la letra de la Ley Suprema o condenar la vida democrática de forma definitiva.