La reapertura del catastro minero de Ecuador, tras más de siete años de suspensión, representa una oportunidad decisiva para el futuro de la minería en el país. No solo se trata de volver a otorgar concesiones, sino de recuperar la confianza ciudadana y empresarial en un sector estratégico que ha estado marcado por la opacidad, la corrupción y el descontrol.
En enero de 2018, el cierre del catastro respondió a denuncias de irregularidades en la asignación de concesiones. Hoy, el contexto exige que su reapertura se base en principios técnicos rigurosos, con criterios ambientales y sociales, y que cuente con un sistema moderno que garantice la trazabilidad y transparencia de cada concesión minera. Solo así se podrá evitar que este instrumento vuelva a ser objeto de manipulación.
La apertura del catastro minero de Ecuador representa una oportunidad para desarrollar la gran minería de forma responsable y sustentable.
La decisión de realizar el proceso por fases, mientras se actualiza y valida la información de más de 5 000 concesiones, apunta en la dirección correcta. Es fundamental que este proceso sea liderado por autoridades técnicas, independientes y con capacidad de rendición de cuentas pública. Cualquier intento de politización o de gestión opaca del nuevo sistema debilitaría de inmediato su credibilidad y frustraría el objetivo de atraer inversión de empresas serias y comprometidas con el desarrollo sostenible.
Ecuador tiene un alto potencial geológico. Los proyectos a gran escala como Mirador y Fruta del Norte lo evidencian. Pero esa riqueza no ha estado exenta de sombras. La explotación ilegal, impulsada por redes criminales, genera desastres ambientales en provincias como Esmeraldas, Imbabura, Loja, Napo, Morona Santiago, Sucumbíos, y genera conflictos sociales y violencia.
Un catastro confiable es también una herramienta clave para enfrentar esta amenaza: permite identificar con claridad qué zonas están legalmente concesionadas, y quiénes son los responsables de operar en ellas.
La reapertura del catastro, anunciada por el Gobierno para el 16 de junio de 2025, debe ir de la mano con políticas públicas que fortalezcan la fiscalización ambiental, la consulta previa en territorios indígenas y el acompañamiento a las comunidades en zonas de influencia minera. La minería no puede ser ajena al desarrollo local. Las regalías y beneficios deben llegar a las poblaciones, traducirse en infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas, como sucede en Zamora Chinchipe, donde se asientan las dos grandes minas a gran escala.
Una política minera moderna debe equilibrar el aprovechamiento responsable de los recursos con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Abrir el catastro con transparencia no solo envía un mensaje positivo a los inversionistas, sino que marca el inicio de una nueva etapa, en la que el país tiene la oportunidad de construir una minería formal, regulada y al servicio del desarrollo nacional.
