La audiencia ante el juez de la Corte Constitucional, Alfonso Luz no pudo ser más demostrativa de las posturas encontradas sobre los contenidos del veto presidencial al Código de la Democracia.
Organizaciones como la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Fundamedios, el Foro de Periodistas (Fope) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco, consideran que corre grave riesgo la libertad de expresión y el equilibrio de los contendidos durante la campaña. Se restringe la cobertura electoral y puede existir censura previa.
Los partidos Prian y MPD, también lo demandaron por cuanto piensan que no hay condiciones de equidad en el uso del aparato estatal en período electoral, el acceso a los medios y los recursos. Preocupa que el método de asignación de escaños no sea proporcional.
Es práctica común, pero es inaceptable, que el veto presidencial modifique contenidos e incluya temas que no se trataron en el debate parlamentario.
Es curioso que el delegado de la Presidencia haya usado la Corte Constitucional para atacar a los medios y no como un espacio para argumentar. También es singular que el delegado de la Procuraduría, que se supone defiende los intereses del Estado, se haya alineado con la tesis gubernamental cuando ese no es el papel que le corresponde.
Es positivo que el abogado del Presidente de la Asamblea haya cuestionado el veto diciendo que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones.
Del fallo de la Corte Constitucional depende una elección libre, donde los ciudadanos puedan conocer a través de la prensa las tesis de todos los candidatos y sacar sus propias conclusiones sin una imposición desde el poder.