El escándalo de Petroecuador, que tiene a ex altos funcionarios prófugos y a otros detenidos, dio un giro significativo.
Llamó la atención la intervención del Consejo Nacional de la Judicatura para destituir al fiscal que atendía la causa. El titular del organismo salió a dar explicaciones, pero no es común que se sancione a un funcionario en medio de un proceso. De cualquier modo, se anunció que se investigarán las cuentas del fiscal sancionado.
Curioso es que quien se hizo cargo de la materia que se sustancia afirma haber revisado las 13 000 fojas del proceso – un expediente singularmente largo y difícil de leer en corto tiempo-. Desechó el fallo anterior y acusó a los 18 procesados en consonancia con la voluntad expresada por el Ejecutivo, lo cual renueva las críticas a la voluntad de ‘meter las manos en la justicia’.
Todos coincidimos en que el tema de Petroecuador, los contratos millonarios y la red de supuesta corrupción deben ir más allá de los discursos que consideran que ha sido una traición de altos funcionarios de confianza.
A este escándalo complejo se han sumado las revelaciones de Marcelo Odebrecht. Todavía no se divulgan los nombres de los supuestos altos cargos que supuestamente se habrían beneficiado de coimas millonarias.
Todo sucede en el tramo final de una campaña en la que es difícil advertir si estos aspectos condicionarán la votación. Lo ideal es que la justicia actué de modo independiente en todo tiempo.