La medida descubre el propósito de acercarse más a la modernidad y a las tecnologías de vanguardia en la custodia de ciudadanos que afrontan problemas de distinta índole con la Ley.
El anuncio del Ministerio de Justicia acerca del empleo de ‘brazaletes electrónicos’ -en una fase inicial para unas 500 personas- implica, ciertamente, una innovación. Y, en forma paralela, como todo proceso de cambio, trae aparejada una serie de posibles inconvenientes que necesariamente merecen la atención de las autoridades.
El mecanismo ya ha sido probado en otros Estados. Quizá la experiencia más cercana es la de Colombia, país vecino en el cual, no obstante los controles, se detectaron casos de personas que cometían delitos pese a que portaban las ‘tobilleras electrónicas’.
Entonces, hará falta algo más que el buen criterio de las autoridades competentes para la elección de quienes se beneficiarán del dispositivo. Este, además, está pensado como un mecanismo con otros fines: el ahorro de manera sustancial de los gastos destinados a la vigilancia, y la reducción de la población carcelaria, que a la fecha contabiliza 25 000 detenidos.
Asimismo, existe un aspecto sobre el cual es conveniente reflexionar. También se colocará el brazalete a
los padres que no paguen las pensiones alimenticias. Una decisión así, sin embargo, pudiera estigmatizar a este tipo de morosos, como lo ha advertido el Defensor Público.