La Asamblea Nacional tiene ante el país una responsabilidad cívica ineludible: contribuir al progreso de todos.
Ante la realidad del mapa político actual y la diversidad de fuerzas existentes en la Asamblea, se completó el nombramiento de autoridades.
Con nuevos presidente y vicepresidentes y una integración del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) distinta a aquella de hace dos años, nace un tiempo diferente.
La tarea reorganizativa debe ser completada con equidad y pluralismo en la integración de las comisiones y sus cabezas. Nunca más debe ocurrir la práctica del pasado reciente, cuando el modelo de concentración de poder impuesto en la escena nacional se reprodujo con rigor y la exclusión a todo el diverso.
Se dieron casos de comisiones cuyas presidencias casi fueron copadas en su totalidad por el partido del expresidente; mayorías de integrantes que dejaron poca opción a las voces de los contrarios y modalidades de informes que dejaban sin efecto la opinión de las minorías.
Hoy el país requiere de consensos. Una Asamblea sin bloqueos ni entreguismo al poder Ejecutivo. Una agenda de prioridades donde los pasos hacia el crecimiento económico y la creación de fuentes de trabajo sean la clave para salir adelante.
Urge una reforma laboral que permita generar empleo para los ecuatorianos ahora con empleos informales o precarios, pero que respete los derechos adquiridos de los trabajadores que cuentan con un trabajo fijo. Un acometimiento oportuno y técnico de cambios en la Seguridad Social sin vulnerar, tampoco, los derechos y conquistas sociales.
Se necesita una Asamblea que se haga corresponsable del crecimiento de un sector privado emprendedor, que cree fuentes de empleo, y un Estado que se deberá redimensionar paulatinamente.
Abrir el Ecuador al mundo por la vía de más capitales e inversión en el marco de la ley y con reglas claras. Exportar más y ganar más. Acuerdos comerciales y, desde luego, una fiscalización oportuna sin venganzas pero poniendo las cosas en su lugar.