La Contraloría General del Estado ha detectado anomalías en el papel de comercialización cumplido por el Estado en la exportación de arroz a Venezuela y en la importación de harina desde Argentina. Ese organismo también revisa lo que ha sucedido con las compras de trigo y urea entre 2008 y 2010.
En el caso de las ventas de arroz a Venezuela, el Estado habría perdido USD 8,7 millones, pues el Banco Nacional de Fomento (BNF) vendió a precios inferiores a sus costos; también realizó una exportación de arroz con gorgojo a ese país, con perjuicio para el Ecuador.
En cuanto a la compra de harina, el BNF tuvo que indemnizar por incumplimiento de contrato a una empresa argentina por USD 2 millones, aunque posteriormente esta devolvió USD 1,4 millones porque tres embarques llegaron al Ecuador con gorgojo.
Frente a este problema recurrente en varias administraciones, no solo el sector privado reclama que el Estado, en lugar de dedicarse a comercializar productos, apoye al empresariado para que haga una tarea que conoce bien. El ex ministro de Agricultura Sergio Seminario estima que estos problemas se derivan de la confusión de responsabilidades de una entidad que debiera dedicarse a dar créditos y no a importar y exportar productos.
Más allá de esa corroboración, que debe plantear reflexiones sobre un modelo que considera que el Estado debe copar la mayor cantidad posible de actividades, es indispensable que se establezcan responsabilidades puntuales sobre el posible mal uso del dinero ecuatoriano.
En nombre de la ineficiencia estatal o de lo aparentemente bajo de los perjuicios -si se los compara con las enormes sumas que hoy en día se manejan en el presupuesto estatal-, no debe haber ningún espacio para la impunidad.