Al inicio del nuevo período presidencial y parlamentario se abrieron expectativas para el tratamiento de amnistías luego del tenso período de la década pasada.Ante la Asamblea Nacional se presentaron 220 casos. De ellos, solo 37 han superado una primera etapa y ahora la Mesa de Justicia del Poder Legislativo analiza caso por caso. Se toma su tiempo y justifica la espera aduciendo que la presión no es buena consejera.
La mayoría de expedientes contempla casos de dirigentes que en las protestas contra el Gobierno anterior fueron detenidos o acusados. El propio estudio en que hoy está enfrascado el ente parlamentario podría verse frustrado si llegan a dictarse sentencias en algunos de los 37 casos. Ya ha sucedido.
La línea entre los actos que pueden ser considerados como posibles delitos o como acciones con contenido político suele ser muy fina, acaso subjetiva. Por esa misma razón se trata como amnistía o existe el indulto, si se trata de cosa juzgada. El indulto es un acto de gracia que le compete al Presidente, quien puede reducir o suprimir un castigo extinguiendo la responsabilidad penal cuando haya sentencia ejecutoriada.
Muchos de los expedientes presentados corresponden a dirigentes sociales, pero está pendiente el tema de los veedores que fueron sancionados por el estudio y el pronunciamiento en los temas relativos a los contratos de Fabricio Correa.
La persistencia de estos temas, fruto en muchos casos de una errónea política de Estado, no le hace bien al país.