La guerra de largo aliento que lleva adelante el gobierno populista de la Argentina contra los medios que han sido críticos con la gestión de los esposos Kirchner se ha profundizado en los últimos días.
Ahora los movimientos se concentran en torno al control de la empresa Papel Prensa, de la que son accionistas los diarios de mayor tirada, El Clarín y La Nación, y el propio Estado. El Gobierno quiere ligar esa adquisición a la situación por la que atravesaron sus antiguos dueños durante la última dictadura militar, investigados por vínculos subversivos con Los Montoneros.
La acusación ha causado gran revuelo y los posibles afectados aclaran que la negociación se hizo cuando los dueños estaban en libertad y no sufrían las amenazas del gobierno de facto.
En estos días también, el Gobierno cesó el permiso de operación de Fibratel por la que circula el sistema de televisión por cable del grupo Clarín y la versión electrónica de ese importante diario argentino. Se consolida así, en materia de información por fibra óptica, el duopolio de empresas europeas.
El acoso pasa también por el ordenamiento legal que, como ha ocurrido en varios países de la región, apunta a los contenidos especialmente de aquellos medios independientes que han mantenido una distancia crítica con el Gobierno o han denunciado actos de corrupción. Es la historia de siempre: cuanto más autoritarios son los gobiernos, más populistas o de corte caudillista, menos espíritu democrático muestra su relación con la prensa. Adicionan al mecanismo de control la millonaria pauta publicitaria y quieren condicionar su relación con esta variable.
Los hechos en Argentina ratifican que la libertad de expresión sigue bajo ataque en la región.