Hace una semana la noticia daba cuenta del cierre repentino de una empresa de encomiendas. OGC Paquetería.
La firma se declaraba en quiebra. Las operaciones del courier se asentaban en distintas oficinas de varias ciudades españolas y en Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Alemania y Francia.
Los clientes: miles de ecuatorianos residentes en el Viejo Continente. Los envíos: menaje de casa, se suponía. La realidad: una empresa cerrada, protestas en las oficinas de la Fiscalía. El descubrimiento: electrodomésticos y todo tipo de artefactos que podrían ser comercializables.
El número de presuntos perjudicados: incierto. Diario El País la cifra en 5 000. El Mundo, habla de 2 000. Los primeros reportes de Agencia EFE contaban 1 000 afectados. Los medios españoles han hecho eco de la noticia.
La Embajada del Ecuador en Madrid ofrece ayuda para facilitar la acción de una plataforma de seguimiento del caso. Dicha plataforma ya está activa. Las redes sociales también están activas y sobre el tema. Varios de quienes se sienten perjudicados han presentado denuncias en las comisarías de distintos puntos en España.
La Fiscalía General ya está actuando. El Ministerio Público deberá velar por los intereses de los ecuatorianos que se encuentran fuera. Muchos de ellos son parte de una presunta estafa; otros, acaso, responsables de envíos no tan santos. Los más, tal vez, personas ingenuas que cayeron en una trampa.