Otra oportunidad para lograr consensos

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Martes 07 de mayo 2019

Un llamado a ceder espacios para salvar en conjunto las serias dificultades económicas por las que atraviesa el país, hizo ayer el presidente Lenín Moreno al presentar el Acuerdo Nacional. Durante 45 días se activarán mesas de trabajo sobre siete temas considerados relevantes para el presente y el futuro del país.

Bajo el lema ‘El acuerdo es ahora’, el Gobierno activa un mecanismo participativo con el que aspira a convocar a todos los sectores para acordar propuestas viables en torno al empleo, a la seguridad social, a la educación, al ambiente, a la seguridad pública y al sistema institucional.
Ayer se constató el interés de representantes sociales, empresariales y políticos que se dieron cita al evento, de tomar parte en esta fase definitiva del diálogo planteado por el Gobierno desde 2017. La idea es que los consensos puedan ser posteriormente aterrizados por distintas vías legales.

En este punto, es importante recordar la difícil situación creada por años de despilfarro de recursos, acompañado de una abultada deuda. Si bien las investigaciones sobre actos de corrupción han caminado lentamente, la dinámica económica es distinta y no hace concesiones.

Para recuperar el crecimiento económico, que en el mediano plazo puede significar empleo, educación, seguridad, es necesario apostar por acuerdos con los que el país pueda ganar, pero ello demanda renunciamientos y compromisos.

Hay que reconocer que el Presidente se apartó del libreto que le asignó el correísmo; eso significó recomponer la institucionalidad y poner distancia con la corrupción. Una parte de los cambios ya se logró con la consulta del 2018, pero hay reformas estructurales sobre temas de fondo que bien pudieran resolverse con consensos mínimos.

La historia de los diálogos en el Ecuador no ha sido auspiciosa, pero en este momento el país se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones importantes en función de su futuro. Bajo esa perspectiva, la responsabilidad de tales decisiones no recae solamente sobre el Gobierno sino sobre todos los ciudadanos.