La muerte del ‘Mono Jojoy’, sanguinario líder de las FARC, en un ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia, ha sido comentada en todo el mundo.
Quienes estamos convencidos de la trascendencia de la vida humana, no podemos batir palmas por la muerte violenta de nadie. Hemos defendido incluso la necesidad de suprimir universalmente la pena de muerte y seguiremos haciéndolo, por convicciones éticas y filosóficas.
Sin embargo, en el mundo de las realidades humanas, prácticamente ha sido unánime el juicio en el sentido de que el ‘Mono Jojoy’ murió en su ley, es decir en el campo de la violencia que él mismo eligió para llevar adelante una lucha cruenta contra los poderes constituidos. Los métodos que escogió para hacerlo fueron horrendamente crueles y causaron muerte, sufrimiento y destrucción. La extorsión, el secuestro, la tortura y el asesinato -recursos usados por las FARC con frialdad y cálculo imperdonables- conmovieron y escandalizaron al mundo, no menos que su alianza operativa con el narcotráfico, flagelo universal por todos condenado.
La muerte del ‘Mono Jojoy’ fue recibida con una especie de alivio, en Colombia y en muchas otras partes. En efecto, se consideró que así había llegado a su fin una de las causas más evidentes e identificables de la violencia. Muchos analistas se apresuraron incluso a decir que la muerte del dirigente rebelde era el principio del fin de las FARC.
En todo caso, el certero golpe militar asestado por el Gobierno de Santos dio lugar a que llegaran a Bogotá mensajes de solidaridad y hasta de felicitación al Gobierno, por el indudable éxito obtenido en esta larga lucha contra la violencia y el delito. Washington y Lima, lo mismo que Caracas y Brasilia, siguieron esta línea de reacción.
La Cancillería ecuatoriana se abstuvo, con inusual parquedad, de dar su criterio al respecto, abriendo así una amplia variedad de posibles interpretaciones para tan extraña actitud.
En el campamento cuya destrucción causó la muerte del dirigente rebelde fueron capturados cerebros electrónicos, computadoras y ‘memorias’ que ofrecerán, sin duda, abundante material para conocer detalles sobre la organización, modus operandi y vínculos de las FARC, en Colombia y fuera de ese país, en la actualidad y en el pasado. Tal material podrá ser usado para planificar con mayor conocimiento de causa las acciones del gobierno de Santos para desarticular a las FARC y a sus canales de colaboración, lo que, en definitiva, conferirá mayor fuerza y eficacia a la política de “seguridad democrática” en Colombia.
Al respecto, el Canciller ecuatoriano -sin dar sus motivos- se anticipó a negar toda credibilidad a los datos que eventualmente pudieran surgir del material electrónico capturado a las FARC.